La
Comisión Europea remitió ayer una advertencia al gobierno español por el riesgo
de incumplimiento del déficit de 2016. Esta advertencia funciona como paso previo
a medidas coercitivas más severas si no se corrigen los desequilibrios. En esta
alerta, Bruselas critica con especial énfasis los continuos desequilibrios
presupuestarios de las comunidades autónomas (CC.AA.), a los que el Gobierno no
pone freno.
Básicamente
porque el Gobierno de España y el Ministerio de Hacienda se guían en su
actuación por criterios de oportunidad política. Y ello ha sucedido tanto si la
región incumplidora está gobernada por el PP como por otro. En el primer caso
no actúa porque no van a enmendarle la plana a los “suyos”, y en el segundo
caso, porque en el mejor de los casos inmediatamente se convertiría en un
ataque político en toda regla de un partido a su rival, y en el peor en una
agresión de España contra (pongamos) Cataluña. Así pues, dados los efectos
políticos que su actuación ocasionaría, el Gobierno está políticamente, que no
jurídicamente, incapacitado para utilizar contra las CC.AA. los mecanismos
coercitivos previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pese a los
reiterados incumplimientos de los objetivos de déficit de algunas de ellas.
Por
este motivo, la capacidad de tomar medidas preventivas, correctivas y
coercitivas contra alguna administración pública no puede estar encomendada,
como ahora, al Ministerio de Hacienda, sino a la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIREF, vaya nombrecito), un ente independiente de
supervisión de las políticas presupuestarias de las administraciones públicas
creado a instancias de la Unión Europea, con el mandato explícito de evaluar
las previsiones macroeconómicas que subyacen a los presupuestos de las
administraciones y el grado de cumplimiento de las reglas fiscales nacionales y
supranacionales. Habría, pues, que modificar la Ley Orgánica para que fuese la AIREF
quien reconviniese, aceptase y/o rechazase los planes de equilibrio
presupuestario que realicen las entidades subestatales, en lugar del Ministerio
de Hacienda. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal actuaría como
ente neutral y ajeno al juego político con lo que las conveniencias políticas
dejarían de ser un factor y la actividad de supervisión de la estabilidad
presupuestaria en las administraciones públicas ganaría en credibilidad…y en
eficacia.
Dada
la importancia de los poderes a ella encomendados, debería modificarse su
mecanismo de elección, da tal modo que no fuera el Ministerio de Hacienda quien
propusiera a su máximo responsable, sino que fuera elegido por una mayoría de
tres quintos del Congreso de los Diputados y el Senado para un periodo superior
a la legislatura (entre seis y diez años) de entre una terna propuesta de entre
sus miembros por el Cuerpo de Economistas del Estado. No podrían pertenecer a
esta terna quienes en algún momento de su vida hubieran sido cargos electos,
miembros del Gobierno, de gobiernos autonómicos o altos cargos de las
administraciones públicas. Se trataría de comenzar con este nombramiento la
saludable costumbre británica de separar completamente la carrera política de
la función pública, así como permitir que la carrera en la función pública
permita el acceso a los más relevantes puestos de naturaleza técnica. Otro día
me extenderé sobre este asunto.
