viernes, 22 de abril de 2016

Jueces, corporativismo y la mujer del César

Medio centenar de magistrados participaron en los Foros de la Justicia organizados por la Asociación de Usuarios de Banca (AUSBANC) desde 2010, cuyo presidente está en prisión sin fianza desde el lunes, acusado, entre otras cosas, de extorsionar a empresas y bancos bajo la amenaza de querellarse contra ellos. Un vistazo a  la página de los eventos jurídicos de AUSBANC es suficiente para ver que un buen número de representantes del mundo judicial arropaba a Pineda, desplazándose con todo pagado a sus congresos, sin rubor de ser fotografiados con una asociación de la que ahora todo el mundo presume de haber oído que escondía algo raro. Algunos recibieron de 800 a 1500 euros por impartir conferencias en esos foros, aunque otros rechazaron cobrar por ellas.

AUSBANC ha presentado en los últimos años numerosos pleitos en decenas de juzgados y tribunales. De hecho, al menos uno de los jueces que participó en sus jornadas jurídicas resolvió posteriormente causas en las que estaba personada. Con esas jornadas, la asociación estrechaba vínculos y relaciones con jueces y magistrados en cuyos órganos podrían recaer pleitos que interponía en nombre de sus consumidores. Además de estos foros, AUSBANC cuenta con revistas y publicaciones en las que colaboran asiduamente miembros de la judicatura. De hecho, en algunas cartas enviadas a entidades financieras su presidente reclamaba publicidad argumentando que jueces “que meten multas” escribían en sus publicaciones.
 
Los magistrados que participaron en las jornadas pertenecen a juzgados mercantiles, a salas de 1ª instancia, a audiencias provinciales, al Tribunal Supremo, e incluso a la Audiencia Nacional, el tribunal que ahora investiga y deberá juzgar al presidente de la asociación.
 
Ante esas denuncias, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se apresuró este miércoles en un comunicado a defender la "integridad y profesionalidad" de estos jueces, alegando que lo que hicieron es “legal”, ya que los jueces y magistrados tienen permitido participar en conferencias.
 
Aunque es difícil de creer que la independencia de un juez se vea menoscabada por 1.000 o 1.500 euros que cobre por una conferencia, lo cierto es tampoco resulta extraña la suspicacia levantada, especialmente cuando esa asociación se jactaba de sus contactos y relaciones con la judicatura para recabar fondos de los presuntamente extorsionados. Tampoco cabe generalizar el reproche a toda la judicatura, pues, por lo que sabemos hasta el momento, apenas medio centenar de los más de cinco mil jueces y magistrados (menos de un 1% del total) participaron en ellas.
 
Pero que ante estos hechos, la primera reacción del CGPJ, cuyo fin prioritario supuestamente es velar por la independencia de los jueces, sea una defensa de la legalidad de la participación de jueces y magistrados en esas conferencias (algo que nadie ha puesto en duda), sin importarle lo más mínimo que se extienda la imagen de que el mundillo judicial confraternizaba con esa presunta mafia, resulta de lo más preocupante y, a la larga, contraproducente para los intereses de los jueces. Rezuma corporativismo. De acuerdo, el mismo que suele verse en casos similares entre médicos, cuando se les acusa de negligencia profesional; asesores fiscales, cuando se les acusa de ingeniería fiscal para evitar impuestos a sus clientes; y muchos otros colectivos cuando acusan de comportamiento inadecuado a alguno de los “suyos”. Pero en este caso estamos hablando de un poder del Estado cuya fuente de legitimidad descansa en su supuesta independencia y neutralidad, lo que le permite controlar a los otros dos Poderes. Y de un sector que, con fundados motivos, reclama tener voz y voto mayoritaria en la elección de su órgano de gobierno, reduciendo la politización de la justicia, ante lo que suele argumentar precisamente que lo fuertemente corporativista de la judicatura los convertiría en un poder descontrolado (sin contrapesos ni control). Con esta reacción corporativa de defensa cerrada de algunos de sus miembros no hacen sino ofrecer argumentos a los que se oponen a que los propios jueces se “autocontrolen”.
 
Para los miembros de un Poder del Estado, ya sea los del Gobierno, el Parlamento o la Justicia, tan importante como la honestidad es su apariencia. Tan importante como la legalidad es la ética y la estética. Para los jueces y políticos, como para la mujer del César, tan importante es ser honestos como parecerlos. Y de nada sirve que, tanto unos como otros, cuando se ven envueltos en una situación que los compromete, aseguren que su actuación es totalmente legal. ¡Faltaría más! De otro modo deberían cumplir la pena establecida para su acto ilícito. Pero si su legitimidad descansa en su “aparente” independencia y neutralidad, cuando algunas actividades las ponen en entredicho como mínimo deberían investigarlas, en lugar de defenderlas. Así lo único que van a lograr es tirar piedras contra su propio tejado.