Ante una
posible reforma constitucional, desde Cataluña se reclama, entre otras cosas
como el reconocimiento de su entidad como nación y una financiación mejor, el
“blindaje” de su lengua y de su sistema educativo. Entre los partidos nacionales,
el PSOE ha asumido esta propuesta en diversas ocasiones, la última hace apenas
unos días.
Sobre esto
último cabe preguntarse qué significa blindar una competencia. La iniciativa
lingüística radica en la Comunidad Autónoma de Cataluña, que ha legislado
ampliamente sobre ella, pero, por ejemplo, el Constitucional declaró
inconstitucional su pretensión de considerar el catalán como lengua “preferente”
en Cataluña, así como que el conocimiento del catalán fuese “imprescindible” en
términos extensivos (para todos los puestos) para acceder a las
administraciones públicas en Cataluña. Igualmente, diversos tribunales han
dictaminado que el castellano debe ocupar “al menos el 25%” del horario lectivo
en la enseñanza en Cataluña, aunque esta sentencia, como tantas otras, no se
cumple.
Ante estas
“agresiones”, el “blindaje” parece hacer referencia a algo más. Se trata no de que
los poderes Ejecutivo y Legislativo nacionales renuncien a legislar en el
ámbito estatal sobre la lengua, sino de que el poder judicial se inhiba a la
hora de enjuiciar la constitucionalidad de las leyes que emanen del Parlamento
catalán, con la consecuente exclusión de la posibilidad de que los tribunales
puedan amparar a los ciudadanos que estimen dañados sus derechos individuales por
la normativa catalana. Así, los españoles verían suspendidos sus derechos en
Cataluña en áreas como la lengua y la educación, en las que no se admitirían
intromisiones de los jueces. Un grupo, no tan pequeño como se pregona, de
ciudadanos españoles residentes en Cataluña considera que la normativa
lingüística catalana vulnera derechos civiles y, tal y como harían en cualquier
país federal, recurren a los tribunales. Y deberían poder seguir haciéndolo. A
un partido, como el PSOE, que propugna la solución federal para el “encaje”
catalán en España, habría que recordarle que este tipo de blindajes no tiene
nada de federal sino que, por el contrario, va contra la esencia misma del
sistema federal. No verán ninguna cláusula parecida en ninguna constitución
federal del mundo.
En cualquier
país democrático, lo que debe primar es la protección de los derechos
ciudadanos individuales sobre pretendidas intenciones políticas de cualquier
signo. Cuando concurren dos lenguas oficiales de forma simultánea en un mismo
territorio, el eje del pluralismo lingüístico debe situarse en la libertad de
opción lingüística y en el derecho de uso de la lengua de elección del
ciudadano, que es el depositario de derechos inalienables en su condición de
parte del todo soberano, que es el pueblo español. Derecho de uso de la lengua
oficial de elección que no puede verse limitado por el establecimiento por
parte de los poderes públicos de una preferencia de uso de una de las lenguas
oficiales en detrimento de la otra.
Extracto del
libro Una
reforma territorial para España.
