¿Qué se puede hacer para reducir
la creciente desigualdad en la distribución de la renta? Como medida a largo
plazo la literatura económica es contundente: no hay inversión con un mayor
impacto para mejorar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad que
la educación en primera infancia (de 0 a 3 años) de los niños de familias con
renta reducida. Es decir, garantizar el derecho al uso de guarderías para las familias más desfavorecidas. ¿Por qué? Primero, mejora la educación de los niños de familias
desfavorecidas, algo que redunda en el acceso futuro a mejores puestos de
trabajo con mayores ingresos. Segundo, facilita la conciliación de la vida
familiar y laboral permitiendo que los padres (especialmente las mujeres) no se
vean obligados a elegir entre su carrera profesional o el cuidado de sus hijos,
al carecer de fondos suficientes para pagar guarderías privadas. Y tercero,
fomenta el incremento de la natalidad, lo que a largo plazo contribuirá a pagar
las pensiones. El ciudadano con bajos ingresos necesita guarderías públicas
para seguir trabajando una vez tiene un hijo y no deducciones en el IRPF que de
nada sirven.
La Comisión Europea concluía en
una Comunicación que la educación infantil es la que produce el mayor
rendimiento en cuanto a adaptación social de los niños. Los Estados Miembros
deberían invertir más en la educación infantil como medio eficaz para sentar
las bases del aprendizaje posterior, prevenir el abandono escolar e incrementar
la igualdad en los resultados y en los niveles globales de competencia.
Resulta
a la vez más eficaz y más equitativo invertir en educación en etapas tempranas:
corregir los fracasos más tarde no solamente es poco equitativo, sino
comparativamente mucho menos eficaz. Esta idea no es nueva: los niños y niñas
de familias con bajo nivel de ingresos, procedentes de minorías étnicas, de
familias inmigrantes o monoparentales rinden peor en la escuela y, como
consecuencia, existe el riesgo de que disminuyan sus oportunidades de éxito en
su futura vida profesional. El informe de la OIT “Un buen comienzo: La
educación y los educadores de la primera infancia”, examina datos que
demuestran que la educación de la primera infancia es una estrategia rentable
para prevenir o corregir los retrasos en la capacidad de aprendizaje y las desventajas
derivadas de la pobreza y las condiciones socioeconómicas desfavorables. El
informe mantiene en particular que la inversión en educación de la primera
infancia debería considerarse como un bien público con mayores índices de
rendimiento que las intervenciones dirigidas a niños de más edad. Asimismo, investigaciones
realizadas en 16 países de América Latina muestran que el período de vida entre
la concepción y los seis años de edad, especialmente entre 0 y 3 años, es el
más crítico en el proceso de transmisión intergeneracional de la pobreza.
Durante esos años es mayor la vulnerabilidad a los efectos nefastos de la
pobreza.
Por otro lado, el impacto de las intervenciones para romper el ciclo
reproductivo es, en esta fase, más efectivo que en otras etapas de la vida. La
inversión en políticas sociales para niños en esta etapa parece tener alta
rentabilidad, no sólo en términos de reducción de gastos sociales futuros como
la repetición escolar, abandono escolar, salud, red de protección social,
seguridad pública, atención a infractores dentro del sistema penal; sino en
términos de la riqueza que un individuo con oportunidad de desarrollarse
física, intelectual, social, emocional y éticamente puede producir en el
futuro. Estos beneficios se proyectan, incluso, en el rendimiento educativo
posterior, como se deriva de los resultados de las pruebas PISA, que muestran
que la escolarización temprana tiene un impacto positivo sobre el rendimiento
en las competencias educativas, y dejan constancia de este impacto por clase
social de pertenencia del alumno. El sistema educativo no garantiza los
derechos educativos de los más pequeños ni fomenta la igualdad de
oportunidades, ya que la población de extracción social más humilde y con
mayores dificultades socioeconómicas, la que más podría beneficiarse de la
educación a edad temprana, tiene menos probabilidades de acceso, pues no puede
pagar la escolarización en primera instancia.
En España, la educación infantil
constituye el primer nivel del sistema educativo y se configura como una etapa
educativa con identidad propia que atiende a niños desde su nacimiento hasta
los 6 años de edad. A pesar de ser una etapa no obligatoria, posee carácter
educativo con un desarrollo estructural y curricular propio. Se organiza en dos
ciclos de tres cursos escolares cada uno: el primero hasta los 3 años de edad,
y el segundo desde los 3 hasta los 6 años. El segundo ciclo es gratuito, tanto
en los centros públicos como en los centros concertados, mientras que las
administraciones educativas promueven el incremento progresivo de la oferta de
plazas públicas en el primer ciclo, que no tiene carácter gratuito. Entre los 0
y 3 años, apenas el 30% de los niños españoles en el primer ciclo infantil está
escolarizado, y de éstos el 32% en centros privados no concertados. Este
porcentaje desciende en Canarias nada menos que hasta el 7%, y luego nos
extraña nuestro alto índice de fracaso escolar y los malos resultados en PISA.
La educación infantil pública se planifica a través de los gobiernos autonómicos
y locales, y existe una enorme brecha entre la oferta de plazas públicas y
privadas en centros de educación infantil y el volumen real y potencial de
usuarios.
Como medida de lucha contra la
desigualdad social, debería instaurarse paulatinamente en España el derecho a
la escolarización antes de los tres años, de tal modo que los padres pudieran
ejercerlo a voluntad. Con el fin de que el ejercicio de este derecho fuese
financieramente asumible, se debería instaurar por fases. Siguiendo el modelo
sueco, el derecho a la educación escolar temprana existiría desde que el niño
cumpliese un año aunque seguiría sin ser obligatoria. En una primera fase, su
gratuidad estaría reservada para aquellas familias en riesgo de exclusión
(alrededor de un 30%), mientras que el resto asumirían el coste de su plaza en
función de su renta. La mejor fórmula de implantación sería los convenios con
centros escolares preexistentes, tanto públicos como privados, utilizando parte
de las infraestructuras educativas que comienzan a quedar infrautilizadas a
raíz del descenso de la natalidad y la salida de extranjeros del país. El
sector privado podría incluso financiar las nuevas infraestructuras
indispensables a través de un sistema de concesión, tal y como se va a realizar
en Canarias con quince nuevos centros educativos. El coste anual de esta
primera fase en toda España ascendería a unos 750 millones de euros, y en
Canarias a apenas 40 millones de euros, más o menos lo que nos cuesta la
televisión autonómica. Pero está claro que las prioridades son otras.
